29 de septiembre de 2017

El anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de que cancelará el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 2,500 nicaragüenses que han vivido y trabajado legalmente en los Estados Unidos durante décadas es una decisión vergonzosa que ignora sus muchas contribuciones a largo plazo a este país. La ambivalencia sobre el destino de los hondureños beneficiarios del TPS continúa colocando innecesariamente a 57,000 personas y sus familias en un cruel limbo, que podría terminar en la separación familiar y su regreso forzado a países de una región profundamente impactada por la violencia y la pobreza.

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