La última semana de abril, la paralegal de CARECEN SF Gladys Rodríguez y yo nos dirigimos a Tijuana, México para ayudar a los miembros de la Caravana de Refugiados a prepararse para buscar asilo en los Estados Unidos. Llegamos ansiosos por ayudar e inseguros de cómo evolucionaría exactamente la semana. Cuatro días después, dejamos a México impresionadas con la valentía y la resistencia de los solicitantes de asilo que se negaban a permitir que la violencia, el miedo o los controles del gobierno les impidieran buscar refugio para ellos y sus familias, y horrorizadas por la reacción del gobierno de los Estados Unidos hacia ellos.

El 4 de mayo, el Departamento de Seguridad Domestica (DHS) anunció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para aproximadamente 57,000 hondureños que viven en los Estados Unidos. Esto sigue una cadena de medidas políticas agresivas destinadas a expulsar a los residentes de largo plazo de los EE. UU. Durante los próximos dos años, más de 300,000 personas de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán que están legalmente presentes en los EE. UU. se le pide que salga voluntariamente o que sean deportados. Como resultado de este cambio de política imprudente, Estados Unidos enfrentará una crisis económica y humanitaria que se acerca.

La libertad de emigrar sigue siendo un derecho humano fundamental. Todos tenemos derecho a migrar. La migración ha sido una experiencia muy positiva para los Estados Unidos y los países de origen. Los inmigrantes han hecho y continúan haciendo grandes contribuciones a este país. Aunque miles de ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador (el Triángulo del Norte) viajan todos los días a la frontera entre Estados Unidos y México, no reciben tanta atención como los migrantes que viajan con la Caravana de Refugiados porque no se hacen tan visibles.