Hoy lanzamos nuestro nuevo micrositio:

http://migrarparasobrevivir.cdhfraymatias.org/

Los datos y análisis contenidos en este micrositio fureon tomados del informe “Niñez y migración en Centro y Norte América: causas, políticas, prácticas y desafíos” que fue posible gracias al trabajo conjunto de organizaciones de Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras, publicado en febrero 2015 y actualizados a los primeros meses del año 2016.
 
 
 
 
Solicitantes de asilo de América Central enfrentan grandes obstáculos
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Ciudad de México – Niños de América Central que huyen de graves amenazas afrontan enormes obstáculos a la hora de solicitar asilo en México, aseguró Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 165 páginas “Puertas Cerrados: El fracaso de México en la protección de niños refugiados y migrantes de América Central” documenta grandes contradicciones entre la legislación mexicana y su puesta en práctica. Por ley, México ofrece protección a aquellos cuya vida o seguridad corren peligro si son devueltos a su país de origen. Sin embargo, menos del uno por ciento de los menores que son detenidos por las autoridades migratorias de México son reconocidos como refugiados, según datos oficiales del gobierno.

“Sobre el papel, la ley mexicana parece proporcionar todas las medidas de protección a los niños que han huido de sus países de origen porque temen por sus vidas”, dijo Michael Bochenek, asesor jurídico principal de la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch. “Pero en realidad sólo unos cuantos reciben asilo, lo que refleja que, a pesar de que los niños y adultos de América Central afrontan serias amenazas, el gobierno no está tomando debidamente en consideración sus solicitudes”.
 
 
10 de marzo, 2016

Excelentísimo Señor Secretario de Estado John Kerry:
Escribimos esta carta sobrecogidos por el estupor y una profunda pena por el asesinato de la defensora de los derechos humanos y ambientalista hondureña Berta Cáceres, fundadora y secretaria general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Invocamos una respuesta por parte del Departamento de Estado que no sea reflejo de las dinámicas políticas convencionales, sino que constituya un profundo cambio de dirección con vistas a mejorar la abismal situación de los derechos humanos en Honduras.

Berta Cáceres, galardonada en 2015 con el prestigioso Premio Goldman del Medio Ambiente, fue una visionaria líder de los derechos indígenas y ambientales. Ella encabezó esfuerzos para proteger a los pueblos indígenas contra proyectos de desarrollo de gran escala que están siendo impulsados en Honduras sin consultar con las comunidades y sin preocuparse por el medio ambiente. Ella organizó a comunidades en Honduras y en todo el mundo contra la extracción de recursos naturales sin contar con el consentimiento respectivo, y para la defensa del Río Gualcarque, un espacio sagrado del pueblo lenca y una fuente esencial de agua, oponiéndose a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca. Berta Cáceres fue una líder muy querida de los diversos movimientos sociales en su país. Miembros de la sociedad civil hondureña –al igual que muchos en la comunidad internacional— se unen en el dolor y la indignación por su muerte.

Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016 por hombres armados que irrumpieron en su casa en La Esperanza, departamento de Intibucá, Honduras. El ambientalista y periodista mexicano Gustavo Castro Soto, de Otros Mundos Chiapas/Amigos de la Tierra México y del Movimiento Mesoamericano contra la Minería Extractiva, también resultó herido en el ataque. Invocamos que se permita al Sr. Castro retornar inmediatamente a su país de manera segura.

En el curso de su trabajo, Berta Cáceres sufrió constantes amenazas de muerte contra ella y contra su familia, amenazas de violencia y agresión sexual, ataques y acoso. Debido a su trabajo, también fue objeto de continuo acoso legal por parte de autoridades judiciales, y de intimidación por parte de las fuerzas de seguridad y de funcionarios del gobierno local. Durante los seis meses precedentes a su asesinato, según el COPINH, las amenazas escalaron e incluyeron disparos contra su auto y amenazas verbales y mensajes, por parte de miembros de las fuerzas armadas, la policía, autoridades locales y representantes de la compañía hidroeléctrica.

La señora Cáceres obtuvo medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2009 pero nunca recibió la protección plena que requería. Nos escandalizan las declaraciones del Ministro de Seguridad Julián Pacheco, quien efectivamente culpa a Cáceres por el incumplimiento del gobierno hondureño de su obligación de protegerla. Ella es una de los 15 defensores de los derechos humanos que han sido asesinados en Honduras mientras se encontraban resguardados por medidas cautelares de la CIDH, tal como lo ha reportado el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH). El 5 de marzo de 2016, la CIDH otorgó medidas cautelares para el COPINH, la familia de Berta Cáceres y Gustavo Castro Soto, dado el riesgo para su seguridad.

La muerte de Berta Cáceres confirma lo que un informe elaborado en 2015 por Global Witness ha mostrado: Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas ambientales. Al menos 109 activistas ambientales fueron asesinados entre 2010 y 2015. Desde el golpe de Estado de 2009, Honduras se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos de cualquier tipo. Líderes indígenas y garifunas, activistas LGBTI, sindicalistas, activistas por los derechos de las mujeres, activistas por los derechos humanos, operadores de justicia, y periodistas que informan sobre temas de derechos humanos y corrupción, al igual que los activistas ambientalistas, se encuentran en riesgo. El asesinato de Berta Cáceres envía un devastador mensaje a todos los hondureños que tratan de ejercer sus derechos.

Le urgimos a dar los siguientes pasos:
  • • Respaldar una investigación internacional independiente, conducida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el asesinato de la señora Cáceres, y a urgir a que el gobierno hondureño acoja tal investigación y coopere plenamente con ella. Una investigación independiente de este tipo es esencial dada la falta de confianza en el sistema judicial, la impunidad imperante que incluye a casos que involucran a defensores de los derechos humanos, y la naturaleza emblemática de este caso.
  • • Insistir en que las autoridades judiciales hondureñas lleven a cabo su deber de investigar de manera efectiva y oportuna el asesinato de Cáceres, en cooperación con la investigación internacional, y siguiendo líneas de indagación que tomen en cuenta el contexto del trabajo y la situación de riesgo de Cáceres; y que persigan a los autores tanto intelectuales como materiales del hecho, garantizando el debido proceso y el acceso a la justicia.
  • • Presionar al gobierno hondureño para que cumpla con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 5 de marzo, y a proporcionar protección inmediata, efectiva y cuidadosamente consultada a los miembros del COPINH, a los familiares de la señora Cáceres, al Sr. Castro y a todos los testigos del caso.
Ante esta trágica pérdida, nos unimos para invocar un cambio más sistémico. Pedimos al Departamento de Estado que aclare al gobierno hondureño que una alianza y financiamiento futuros dependen de la demostración de la voluntad política para investigar y procesar judicialmente este delito y todos los delitos contra defensores de los derechos humanos. El gobierno hondureño debe poner plenamente en operación y financiar adecuadamente el mecanismo de protección de defensores de los derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, con medidas de protección consultadas con los beneficiarios. El gobierno hondureño debe garantizar la libertad de expresión, incluyendo la terminación de la severa y constante represión de las protestas sociales, asegurar el fin inmediato de intimidantes declaraciones públicas por parte de funcionarios del gobierno, así como de miembros de las fuerzas armadas y la policía, que ponen en riesgo a defensores de los derechos humanos y periodistas, y acabar con el engañoso procesamiento judicial contra defensores de los derechos humanos.

Es de capital importancia que el gobierno hondureño cumpla, tal como la CIDH ha señalado, con su "obligación de llevar a cabo una consulta previa, libre e informada de las poblaciones indígenas respecto a los proyectos en marcha en sus tierras y territorios, y que afectan sus recursos naturales". Respaldamos la invocación del Senador Patrick Leahy de abandonar el proyecto de represa Agua Zarca y proteger el territorio a cuya defensa Berta dedicó su vida. El gobierno hondureño debe reconocer que el ritmo y el proceso con que viene facilitando la extracción y comercialización de recursos naturales por parte de inversionistas nacionales e internacionales, están contribuyendo al conflicto social y a violaciones a los derechos humanos.

Pedimos al gobierno de los EE.UU. que:
  • • Exhorte al gobierno hondureño a cumplir con su obligación de asegurar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas, y de mejorar en mayor medida la transparencia en relación a concesiones actuales y propuestas de recursos naturales. Ello debe incluir poner en conocimiento del público información sobre los proyectos de las casi 50 concesiones de energía hidroeléctrica otorgadas desde inicios de 2010.
  • • Garantizar que ningún tipo de asistencia y apoyo de los EE.UU. para proyectos de bancos multilaterales promuevan o permitan proyectos de desarrollo que incumplan la obligación de asegurar consentimiento previo, libre e informado de comunidades indígenas; y confirmar que aseguren una significativa consulta de todas las comunidades afectadas, y velar por la vigencia de salvaguardas robustas para los derechos humanos, derechos laborales y protecciones ambientales.
Finalmente, urgimos al Departamento de Estado a suspender toda asistencia y capacitación para las fuerzas de seguridad hondureñas, con excepción de la asistencia policial en cuanto a investigación y análisis forense, mientras permanezcan impunes los asesinatos de Berta Cáceres y de veintenas de otros activistas hondureños. Adicionalmente, urgimos al Departamento de Estado a implementar de manera transparente y cabal las condiciones de la Ley de Operaciones en el Extranjero correspondiente al año fiscal 2016, la cual vincula el 50 por ciento de la asistencia al gobierno central de Honduras a avances en la resolución de abusos a los derechos humanos y la corrupción.
El gobierno de los EE.UU. debe ponerse del lado de quienes ponen sus vidas en juego para proteger los derechos humanos y el medio ambiente en Honduras.

Firmantes:

Accountability Counsel ActionAid USA
Alabama Center for Rural Enterprise
Alabama Coalition for Immigrant Justice (ACIJ)
Alianza Americas Alliance Against Mining - Philippines (Alyansa Tigil Mina)
Alliance for Global Justice (AfGJ)
Alliance for Justice
Amazon Watch
AMERICA PARA TODOS
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO)
American Friends Service Committee (AFSC)
American Jewish World Service (AJWS)
Amigos de la Tierra España
ART NOT WAR
Azul
Baurkot & Baurkot
Beautiful Trouble
Beautiful Rising
Beyond Extreme Energy
Brooklyn For Peace
Casa de Maryland
Catholics in Alliance for the Common Good
Center for Biological Diversity
Center for Earth Ethics at Union Theological Seminary
Center for Human Rights and Environment
Center for International Environmental Law (CIEL)
Center for Justice and Accountability (CJA)
Center for Justice and International Law (CEJIL)
Center for Women's Global Leadership, Rutgers University
Center of Concern Center on Conscience & War, Washington DC
Central American Resource Center (CRECEN)
Central American Resource Center (CARECEN), Washington DC, Los Angeles, and San Francisco Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Centro de Estudios para la Justicia Social TIERRA DIGNA, Colombia
Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN)
Christian Church (Disciples of Christ), Refugee and Immigration Ministries
Church World Service
Climate Parents
Coalition of Black Trade Unionists (CBTU)
CODEPINK
Colombia Support Network
Columban Center for Advocacy and Outreach
Columbia Divest for Climate Justice
Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES)
Committee for Human Rights in Latin America (CDHAL), Montreal, Canada
Committee on U.S.-Latin American Relations, Cornell University
Communications Workers of America (CWA)
Community Alliance for Global Justice (CAGJ)
Community Justice Project, Inc. of Miami, FL
Conference of Major Superiors of Men
Corporate Accountability International
The Cross Border Network for Justice & Solidarity, Kansas City, Missouri
Denver Justice & Peace Committee
Disciples Justice Action Network
Divest Middlebury
Dominican Friars, Irving, TEXAS
Donella Meadows Institute
Due Process of Law Foundation
EcoEquity EarthAction International
Earth Day Network
Earthjustice Environmental Defender Law Center (EDLC)
Environmental Defenders Project, USA
Environmental Investigation Agency (EIA)
Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria
Evangelical Lutheran Church in America (ELCA)
Faith in Public Life
Family Farm Defenders
Farmworker Association of Florida
The Fellowship of Reconciliation
FERN
Florida Immigrant Coalition
France Amérique Latine/Francia América Latina
Franciscan Action Network
Friends Committee on National Legislation
Friends of the Earth-United States
Friends of Miami-Dade Detainees
Food First
Food Voices
Fund for Democratic Communities, Greensboro, NC
Georgia Detention Watch
Global Alliance for the Rights of Nature
Global Campaign for Peace Education
Global Ministries of the Christian Church (Disciples of Christ) and United Church of Christ
Global Witness
Goldman Environmental Foundation
Grassroots Global Justice Alliance
Grassroots International
Green America
Green Cross International
GreenLatinos
Greenpeace USA
GreenWood
Grupo Belga 'Solidair met Guatemala'
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
The Guatemalan-Maya Center
Gulf Coast Center for Law & Policy
Honduran Conservation Coalition
Honduras Accompaniment Project
Hondurasdelegation, Germany
Honor the Earth
Hope Community Center
IBIS
Ignatian Solidarity Network
Indigenous Environmental Network
The Ingrid Washinawatok Flying Eagle Woman Fund for Peace, Justice and Sovereignty
Institute for Agriculture and Trade Policy
Institute for Justice & Democracy in Haiti
Institute for Policy Studies, Climate Policy Program, Global Economy Project and New Economy Maryland
Project Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA)
Interfaith Coalition on Immigration, MN
Interfaith Power & Light
International Federation of Settlements
International Forum on Globalization
International Institute on Peace Education
International Labor Rights Forum (ILRF)
International Platform against Impunity
International Rivers
International Trade Union Confederation (ITUC)
International Union, United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (UAW)
JA!FOE Moçambique
JASS (Just Associates)
Jesuit Conference of Canada and the United States
Jesuit Social Research Institute/Loyola University New Orleans
Just Foreign Policy
KyotoUSA
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Mexico
Labor Council for Latin American Advancement, AFL-CIO (LCLAA)
Latin America Solidarity Committee-Milwaukee
Latin America Task Force of Interfaith Council for Peace & Justice - Ann Arbor, Michigan
Latin America Working Group (LAWG)
Leadership Conference of Women Religious
LEPOCO Peace Center, Bethlehem, PA
Liberty Tree Foundation for the Democratic Revolution
Medical Mission Sisters
Mennonite Central Committee U.S. Washington Office
Missionary Oblates of Mary Immaculate-U.S Province (OMI)
Movement Generation: Justice and Ecology Project
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4
MN350
Mundo Maya Foundation
National Advocacy Center of the Sisters of the Good Shepherd
National Family Farm Coalition
National Immigration Law Center
The National Religious Campaign Against Torture
Nicaragua Network
Nicaragua-US Friendship Office of the Americas
NOAH Friends of the Earth-Denmark
Nonviolence International
Nuclear Information and Resource Service
The Oakland Institute
Oil Change International
Other Worlds
Oxfam America
Pax Christi International
Pax Christi USA
Peace Action
Peace Action Montgomery
Peace Brigades International (PBI)
Peace Development Fund, Amherst, MA and San Francisco, CA
Peace Education Initiative, The University of Toledo
Pesticide Action Network North America
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)
Presbyterian Church (USA)
Presbyterian Peace Fellowship
Progressive Congress
Project South
Public Citizen
Public Services International
Radios Populares, Chicago IL
Rainforest Action Network
Red Europea de Comites Oscar Romero
Red Mexicana de Lideres y Organizaciones Migrantes
Rights Action (USA)
Robert F. Kennedy Human Rights
RootsAction.org
The Rural Coalition
Sansristi India
The Second Chance Foundation
SEIU Florida Public Services Union
Servicios Internacionales Cristianos de Solidaridad con los Pueblos de America Latina -- Oscar Romero (SICSAL)
Sierra Club
Sister Parish, Inc.
Sisters of Mercy, Institute Justice Team
Sisters of Notre Dame de Namur Justice and Peace Office
Sojourners
The Solidarity Center
SomeOfUs
SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations), Netherlands
Soulardarity Southeast Immigrant Rights Network (SEIRN)
South Florida Interfaith Worker Justice
Student Power Networks
SustainUS
Syracuse Peace Council
Tamales y Bicicletas
Task Force on the Americas
Trade Union Confederation of the Americas (TUCA)
Tri-Valley CAREs (Communities Against a Radioactive Environment)
Trócaire
Unión de Afectados por Texaco, Ecuador (UDAPT)
Unitarian Universalist Service Committee (UUSC)
United Auto Workers Union (UAW)
United Church of Christ, Justice and Witness Ministries
The United Methodist Church – General Board of Church and Society
UPROSE
Voces de la Frontera
Washington Defender Association Immigration Project (WDAIP), Seattle, WA
Washington Office on Latin America (WOLA)
WE ACT
Women’s Earth and Climate Action Network (WECAN)
Women's Environment and Development Organization
World Organisation Against Torture (OMCT)
Zo Indigenous Forum, Mizoram, India
1199SEIU United Healthcare Workers East – Florida
2020 Action
350.org

Desmond D’Sa, Goldman Environmental Prize Winner 2014, Africa
 
 
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"En la lista de los responsables que imputa la hija de la luchadora social, está “la policía y el ejército de Honduras que han sido cómplice en su asesinato, defendiendo la propiedad privada, los intereses de esta empresa”. Y, de manera categórica, culpabiliza “a los que financian estos proyectos de muerte, como el Banco Holandés, el Banco Finlandés y el Banco Centroamericano de Integración Económica”.
                                                                                                        —Berta Isabel Zúñiga Cáceres
 
 
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Carteles y velas en la manifestación realizada el 4 de marzo frente a la Embajada de Honduras de la Ciudad de México.
Berta Cáceres
“En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el
agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales, el
pueblo Lenca resguardados además por los espíritus de las
niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por
la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la
humanidad y de este planeta.”
Berta Cáceres al recibir el Premios Goldman, 2015.
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Julio del 2015. Rubén Figueroa representante del Movimiento Migrante Mesoamericano visitó a los compañeros del COPINH. En la foto Berta Cáceres, presidenta de la organización y doña Pascuala Vázquez, Coordinadora del Consejo de Ancianos, COPINH.
08-marzo-2016. Cuando me disponía a concluir un artículo que versaba sobre la lucha de las
madres de Centroamérica, de Túnez y de Marruecos por conocer el destino de sus hijos
migrantes desaparecidos en tránsito, la noticia de la ejecución de Berta Cáceres, me produjo
una tristeza infinita y me indujo a reflexionar en torno de las luchas sociales más relevantes
de hoy en día donde la mujer es protagonista principal. Destacan las luchas en contra de los
mega proyectos extractivos, hidroeléctricos y otros, que despojan y desplazan forzadamente a
comunidades enteras favoreciendo intereses económicos trasnacionales y, a cambio de los
elusivos beneficios, dejan hábitats físicos destruidas y personas en la indefensión, con todas
sus consecuencias resumidas en la frase “daños colaterales”.

Así, el día 5 de marzo, mientras escribo con mucho pesar lo que no queremos escribir, lo que
no queremos contar, se rindió homenaje y se veló el cuerpo de Berta en su cumpleaños
número 45, y mientras estamos de luto, el mundo se prepara para recordar a “la mujer” a
quien cada año se le rinde homenaje, sin que la celebración signifique que se altere la
inmutable esencia de los problema que persiguen a las poblaciones vulnerables entre las que
se sitúan una gran cantidad de mujeres, mujeres que siguen siendo asesinadas, vejadas y
maltratadas y que padecen el sistemático acoso de los sistemas económico-políticos, que de
cuando en vez, aceptan cambios microscópicos, sólo para desactivar protestas y justificarse
frente a las luchas de las mujeres y de sus organizaciones.

Mal preámbulo para “celebrar” a la mujer, cuando ocurre la ejecución de la prominente,
apreciada y galardonada internacionalmente Berta Cáceres, defensora emblemática del medio
ambiente y del territorio. Son los defensores del medio ambiente y de los territorios
ancestrales los que gozan de la preferencia de los asesinos y entre todas las categorías de
defensores de derechos humanos son los que aportan el mayor número de bajas en sus filas.
Cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH) en 1993, líder de la comunidad indígena Lenca y excepcional defensora de los
derechos humanos, trabajó en la defensa del territorio y de los derechos del pueblo Lenca, y
particularmente en la campaña para impedir la construcción de la represa hidroeléctrica Agua
Zarca en el Río Gualcarque, Departamento de Santa Bárbara, Honduras, invadiendo territorios
comunales indígenas. Berta luchó por defender los derechos de los indígenas, por la defensa
de la tierra y de los recursos naturales frente al hostigamiento de sectores empresariales
nacionales y extranjeros.

Recientemente había denunciado los asesinatos de cuatro líderes de su comunidad y nuevas
amenazas en contra de ella y otras personas defensoras de derechos humanos, y el mes
pasado, durante una caminata pacífica contra la implementación del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, más de 100 personas, entre ellas Berta Cáceres, fueron detenidas y hostigadas
por fuerzas de seguridad, por lo que la complicidad del Estado Hondureño queda claramente
evidenciada.

En el año 2015, Berta recibió el “Goldman Environmental” por su trabajo de oposición al
proyecto hidroeléctrico DESA que cortará la fuente de agua para a comunidad indígena Lenca.
Apenas la semana pasada durante una conferencia de prensa, Berta había denunciado una vez
más, el impacto devastador que el proyecto tiene en la comunidad del Rio Blanco así como la
complicidad del gobierno hondureño en la destrucción de fuentes de vida y sostén. “el
Gobierno de Honduras continua permitiendo y es cómplice de las violaciones criminales de
los derechos humanos de la comunidad Lenca de Rio Blando y el norte de Intibucá al apoyar el
segundo intento de DESA de construir el proyecto hidroeléctrico ‘Agua Zarca’ en el Rio
Gualcarque.”

La madrugada del jueves 3 de marzo fue ejecutada en su casa, secuela trágica de la cadena de
persecución y de amenazas en su contra y en contra del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Esta ejecución sucede a pesar de las medidas cautelares otorgadas a su favor por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, desde el año 2009. La CIDH, en reunión
sostenida el 21 de octubre pasado, increpó a la delegación oficial de Honduras acerca de la
situación de riesgo de Berta Cáceres y de los errores e insuficiencias en la implementación de
las medidas cautelares en su favor. La CIDH también pidió explicaciones acerca de la falta de
una investigación efectiva que condujera a eliminar los factores de riesgo evidentes por los
hechos de violencia y hostigamientos en su contra.

La presión internacional obligó al presidente de Honduras, Juan Hernández, a reaccionar
sobre el asesinato de Berta Cáceres, a quien en reiteradas oportunidades detuvo y criminalizó.
Después de su muerte, se declaró ser fiel admirador de su lucha en defensa de los
recursos naturales de la zona occidental de Honduras y de la etnia Lenca. Garantizó que
pondrá a las órdenes de los tribunales al o los responsables de la muerte de Cáceres, sin
importar de quienes se trate. “Como hemos dicho siempre, caiga quien caiga”, expresó al sacar
a colación la degastada frase que, por desgracia nos suena demasiado familiar. “Nadie está por
encima de la ley y el mensaje del Estado de Honduras debe ser un mensaje contundente, que
esto no va a quedar impune y que tenemos que llevar a los responsables de estos hechos a la
justicia y deducir la responsabilidad del caso”.

Para los compañeros de lucha de Berta, es más que evidente que son los intereses de las
transnacionales los que despojan y niegan el derecho de los pueblos indígenas de luchar para
defender sus territorios. Exigen al Gobierno de Honduras que ponga fin a la impunidad con la
que operan los sujetos paramilitares armados y pagados por la Empresa DESA-Agua Zarca, a
quienes responsabilizan del crimen cometido, al igual que al Estado que impunemente
permite las acciones de estos cuerpos ilegales.

Detrás de las agresiones a las mujeres defensoras, está el tema subyacente de los alabados y
violados derechos humanos. Año con año revisamos los avances, y a un año del 8 de marzo de
2015, vemos que existen temas de preocupación que no han sido atendidos y que reducen de
facto los derechos de las mujeres. La enorme inequidad en la distribución de la riqueza que se
concentra en unos cuantos voraces capitalistas, el incremento de la explotación de la mano de
obra femenil, la feminización de la pobreza, la militarización y el crecimiento del narcotráfico, la trata de personas, la explotación sexual y comercial, la impunidad y el feminicidio. La
violencia machista y misógina que crece al amparo de la violencia institucional llegando a su
expresión extrema en las víctimas de los feminicidios en aumento. Es crucial para lograr el
respeto pleno a los derechos de las mujeres, recuperar la herencia feminista del 8 de marzo.
Los derechos de la mujer jamás han sido ni serán concesionados desde el poder, sólo se
conseguirán a través de la lucha organizada de las propias mujeres y de quienes las apoyan.
El movimiento internacional en defensa de los derechos de la mujer es creciente, hacemos
votos y conjuros para que algún día, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer sea el
punto de convergencia en favor de los derechos de la mujer y de su participación segura e
igualitaria en la vida política y económica del mundo. Hoy NO, no tenemos nada que celebrar,
la conmemoración del “Día de la Mujer” nace de una historia sangrienta, la del incendio de la
fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York en marzo de 1911 en donde el abuso, la
explotación y la impunidad produjeron la muerte de 146 mujeres obreras. Sangrienta inició
y sangrienta continúa.

Marta Sánchez Soler
Coordinadora
Movimiento Migrante Mesoamericano

FB: Movimientomigrantemesoamericano
TW: @MMMesoamericano
Web: www.movimientomigrantemesoanericano.org
(+52) 555 435 2637
 
 
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Foto: EFE
El impacto de la violencia generada por maras, pandillas y crimen organizado está llevando a las personas a huir de Honduras.

La situación socioeconómica, política, ambiental y en materia de seguridad ciudadana se constituyen en factores de expulsión que lleva a ciudadanos hondureños a migrar a Estados Unidos, México y otros países centroamericanos. Entre quienes huyen, se encuentran también niños, niñas y adolescentes, quienes en muchos casos viajan no acompañados miles de kilómetros hacia otros países.

Honduras debe adoptar las políticas y medidas que sean necesarias para abordar los factores de expulsión que fuerzan a las personas a migrar del país. Además, debe coordinar con los países de la región para que desarrollen políticas migratorias conjuntas con enfoque de derechos humanos.

Lee más en nuestro informe, haz click aquí.


 
 
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Pronunciamiento de Organizaciones de Estados Unidos y Centroamérica de Derechos Humanos, Derechos de las Personas Migrantes, Derechos de la Mujer, Política Exterior y Solidaridad con América Latina

En los últimos días, los agentes de El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) han arrestado y luego deportado decenas de personas que forman parte de familias Centro Americanas que buscan refugio de la violencia extrema y de las terribles condiciones económicas en sus comunidades de origen. El Secretario del Departamento de Seguridad Nacional Jeh Johnson ha calificado la medida como parte de un esfuerzo para “asegurar” la frontera de Estados Unidos y ha anunciado que “operaciones adicionales de este tipo continuarán ocurriendo según corresponda.”

Estas redadas son el último capítulo de lo que sólo puede ser descrito como una prolongada guerra del gobierno de Estados Unidos sobre las familias migrantes, específicamente las familias que vienen de las zonas más peligrosas y económicamente desfavorecidas de América Central.

A raíz de la protesta pública generada por la detención masiva de los niños migrantes de América Central durante el verano de 2014, el gobierno de EE.UU. recluto fuerzas de seguridad de México para llevar a cabo el trabajo sucio de detener y repatriar agresivamente a los inmigrantes que huyen de la violencia desenfrenada y la pobreza en Honduras, Guatemala y el Salvador (países denominados colectivamente como el “Triángulo Norte”). Con promesas de ayuda económica, EE.UU. luego presionó con éxito a los gobiernos del Triángulo del Norte de utilizar sus fuerzas de seguridad para reprimir aún más la migración hacia los EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos también se ha involucrado en una militarización sin precedentes de su frontera sur – como el Secretario Johnson orgullosamente declaró, es “el mayor despliegue de vehículos, aeronaves, barcos y equipo a lo largo de la frontera suroeste en los 90 años de historia de la Patrulla Fronteriza.”

Pero, como el reciente aumento en las detenciones fronterizas ha demostrado, todas estas medidas agresivas no lograron frenar la migración desde Centroamérica. Sólo han tenido éxito en impulsar a los migrantes de viajar de manera más clandestinas, lo cual los expone aún más a la extorsión, violación, secuestros y agresiones físicas en su camino hacia el norte. Los migrantes están plenamente conscientes de los riesgos planteados por el crimen organizado y las fuerzas de seguridad abusivas y saben que miles de personas han muerto o desaparecido viajando a través de México y hacia los Estados Unidos. Sin embargo, las horribles condiciones en sus comunidades siguen siendo una peor alternativa.

Las últimas redadas – dirigidas a una población inmigrante que funcionarios de la ONU y otros han descrito como compuesta en gran parte de refugiados -son parte de un esfuerzo cínico para que la migración centroamericana no se convierta en un tema divisivo que avergüence a la administración en un momento políticamente crítico.

Debe quedar claro a estas alturas que las redadas de deportación no desalientan la migración futura o resuelven la crisis que impulsan a las personas a abandonar sus hogares.

En cambio, los EE.UU. tiene que abordar realmente las causas fundamentales de la migración centroamericana. Para ello se requiere a los encargados políticos de analizar las políticas existentes de Estados Unidos hacia la región, que han tenido y siguen teniendo un enorme impacto en sus habitantes: la guerra contra las drogas y las políticas económicas que aumentan la pobreza, destruyen los medios de vida tradicionales y dan lugar al desplazamiento forzado de las comunidades.

La violencia que azota el Triángulo del Norte está directamente relacionada con la guerra militarizada de drogas que los EE.UU. ha estado promoviendo en la región durante más de una década. El gobierno de Estados Unidos ha inyectado cientos de millones de dólares en las fuerzas de seguridad que tienen una larga historia de abuso, corrupción y complicidad con el crimen organizado en América Central y México. La respuesta militarizada al tráfico de drogas ha llevado a una explosión de la violencia armada, que ha alcanzado niveles insoportables en las comunidades pobres.

La pobreza y la falta de trabajo decente reflejan el fracaso de un modelo de desarrollo que reduce las regulaciones del mercado y de trabajo para atraer la inversión extranjera directa que termina beneficiando a unos pocos, y erosiona los servicios del sector público.

Lamentablemente, el reciente Plan de la Alianza para la prosperidad respaldado por los EE.UU – oficialmente diseñado para abordar las causas fundamentales de la migración centroamericana – contiene medidas conocidas por experiencia de exacerbar los problemas claves de la región al generar una mayor inestabilidad económica- por ejemplo, a través de la privatización, y de mega-proyectos ambientalmente destructivos y la extracción de recursos a gran escala- e igualmente al profundizar tácticas contraproducentes en la guerra contra las drogas.

Con una mentalidad ofensiva por motivos políticos, la administración de Obama ignora las formas en que sus propias políticas están impulsando el éxodo. Lo hacemos a nuestro propio riesgo, y a al riesgo de miles de niños que tienen todo el derecho a crecer en un ambiente seguro y amoroso.

El Secretario Johnson cita la necesidad de “hacer cumplir la ley en consonancia con nuestras prioridades.” Tanto la legislación nacional e internacional son claras en el derecho de asilo a través de audiencias completas con una representación legal adecuada. Estos derechos se les niega a los centroamericanos, cuyas vidas están en peligro.

El Departamento de Seguridad Nacional tiene el descaro de concluir su declaración justificando los ataques con la frase, “nos empeñamos en hacerlo consistente con los valores estadounidenses, y los principios básicos de la decencia, la justicia y la humanidad”. Desde todos los ángulos, estas redadas no son ni justas ni decentes ni humanas.

Por estas razones, nosotros, las organizaciones abajo firmantes que trabajamos en los ámbitos de los derechos humanos, la solidaridad con América Latina, los derechos de los inmigrantes, los derechos de las mujeres y políticas justas extranjeras, hacemos un llamado para la protección humanitaria de los migrantes centroamericanos a través del alivio administrativo y para el cese inmediato de las redadas. También instamos a la Administración y los responsables políticos de Estados Unidos de revisar y reconsiderar las políticas estadounidenses hacia América Central que han contribuido a las condiciones que obligan a las familias a abandonar sus hogares para salvar sus vidas, y las cuales violan sus derechos humanos en el momento de llegar a los Estados Unidos.

Center for International Policy Americas Program
Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES)
Witness for Peace
Movimiento Migrante Mesoamericano
Alianza Americas
Guatemala Human Rights Commission
Progressive Congress
Global Exchange
School of the Americas Watch
American Friends Service Committee (AFSC)
Chicago Religious Leadership Network on Latin America
Friendship Office of the Americas
Sisters of Mercy – Institute Justice Team
JASS (Just Associates)
Rights and Ecology
William C. Velasquez Institute
Immigrant Legal Resource Center
Just Foreign Policy
National Day Laborer Organizing Network
Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES)

 
 
Este Martes 27 de Octubre, de las 5:30-8pm
En el LGBT Center de San Francisco
1800 Market Street
San Francisco CA 94102


Por favor únete a este diálogo con ASPIDH ARCOISRIS TRANS, una organización de derechos humanos y trans-género, que viajó desde El Salvador para compartir sus experiencias y elevar el nivel de conciencia, sobre su trabajo en defensa de los derechos humanos de la comunidad trans-género en El Salvador.

El panel de discusión será moderado por Isa Noyola, Gerente de Programas de el Centro Legal Trans-género, y como invitado especial estará el Supervisor del Distrito 9 de San Francisco, David Campos, y a Theresa Sparks, Directora Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de San Francisco, California.

La conversación se enfocará en el trabajo de ASPIDH ARCOISRIS TRANS, lo que se está haciendo en los Estados Unidos, específicamente en La Bahía de San Francisco, y las formas como El Salvador y La Bahía de SF pueden apoyarse mutuamente para avanzar un trabajo de solidaridad transfronterizo.

Aprende más aquí: http://www.sfcenter.org/events/evening-aspidh-arcoisris-trans-transgender-human-rights-organization-el-salvador#sthash.n07oSMWt.dpuf